El Programa Trabajo Autogestionado (PTA) surgió en el año 2004 (Res. 203/2004 MTEySS), momento en el que el sector de las ERT continuaba creciendo y ganaba visibilidad. En este sentido, el PTA es la primera conquista en términos de reconocimiento como sector específico del trabajo autogestionado, que las trabajadoras y trabajadores de las ERT supieron ganarle al Estado en materia de financiamiento. Ya en la Resolución 194 de aquel mismo año, que fuera la primera reglamentación del PTA, al indicar la población beneficiaria se señalaba de manera explícita: “El Programa se dirige en particular a: Empresas/Fábricas recuperadas por los trabajadores, independientemente de la figura jurídica que adopten”. No obstante, este reconocimiento, así como también la historia propia de las líneas que componen el programa, tuvo sus avances y retrocesos. Pongamos por caso la línea 1, la ayuda económica individual. Las características de ésta línea (montos, requisitos) fueron variando en la medida que el Estado, con miras a impedir despidos y suspensiones en el sector privado, ya venía otorgando subsidios para financiar parte de los salarios de las empresas capitalistas tradicionales cuya actividad económica –y las consecuentes ganancias de los empresarios- comenzaran a descender en el marco de las sucesivas crisis económicas (2001; 2008/2009, etc.). De manera tal que las ERT exigen que los montos de la ayuda individual se equiparen con los subsidios que se le otorgan a las patronales (en un principio tomando de referencia el REPRO –“Plan de Recuperación Productiva”-, al cual también se le sumó recientemente el ATP, la ayuda económica que el Estado nacional le otorgara a las patronales en el marco de la crisis sanitaria desatada por el COVID-19). En este sentido, el argumento que sustenta el reclamo de las empresas recuperadas fue siempre el de exigir un trato igualitario por parte del Estado, sobre todo al momento de considerar que, casi por definición, las ERT son empresas que buscan impedir despidos y suspensiones sin perder de vista el objetivo de la tan mentada “recuperación productiva”. Más allá de los montos y otros aspectos, cabe señalar que la existencia misma de la Línea 1 peligró en reiteradas ocasiones, lo cual condujo a distintas movilizaciones desplegadas por las empresas recuperadas tanto en el año 2012 durante el kirchnerismo -en un contexto de reactivación económica en que el REPRO dejaba de abonarse a las patronales- como a las que tuvieran lugar en más de una oportunidad ya durante el macrismo.

Además de la ayuda económica individual, el programa se completa con otras 4 líneas de trabajo orientadas a distintas fases del proceso de recuperación, es decir, para los primeros momentos que implican la puesta en marcha, y para otras instancias más avanzadas en las que se persiguen mejoras en la unidad productiva una vez que ya se encuentra en funcionamiento.

Más allá de las fases y problemáticas contempladas por cada una, hay ciertas imbricaciones entre algunas de las distintas líneas: por un lado, en la línea I existe una variante denominada “modalidad capitalización”, a la cual se puede acceder estando participando en la línea II; asimismo, uno de los requisitos para acceder a la línea III implica tener aprobado el diagnóstico que surge de la Línea IV.