El concepto de microcrédito nace en la década de 1960 de la mano del economista bangladesí Muhammad Yunus, y refiere a préstamos de escaso monto destinados a aquellos individuos y grupos asociativos que no pueden acceder a los créditos bancarios tradicionales porque carecen de garantías formales para demostrar su voluntad de pago (ya sea bienes de valor, un empleo fijo con ingresos demostrables o un historial de crédito verificable). Los microcréditos forman parte del concepto más amplio de microfinanzas, entendidas como el conjunto de servicios financieros especialmente diseñados para atender las necesidades y demandas de los segmentos de la población de menores recursos socioeconómicos que se hallan excluidos del sistema bancario formal. 

En nuestro país, la Ley 26.117 de Promoción del microcrédito para el desarrollo de la Economía Social, sancionada en el año 2008, define a los microcréditos como “aquellos préstamos destinados a financiar la actividad de emprendimientos individuales o asociativos de la Economía Social, cuyo monto no exceda una suma equivalente a los DOCE (12) salarios mínimo, vital y móvil”.  La ley estipula como destinatarios a aquellas “personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos, que se organicen en torno a la gestión del autoempleo, en un marco de Economía Social, que realicen actividades de producción de manufacturas, reinserción laboral de discapacitados, o comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales y en unidades productivas cuyos activos totales no superen las CINCUENTA (50) canastas básicas totales para el adulto equivalente hogar ejemplo, cifra actualizada por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (INDEC), por puesto de trabajo”. 

Finalmente, la norma establece un mecanismo por el cual los microcréditos son otorgados y gestionados a través de instituciones de Microfinanzas distribuidas a lo largo y ancho del país. Por lo general, se trata de entidades sin fines de lucro como asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, comunidades indígenas, organizaciones gubernamentales y mixtas, que se encargan de otorgar los microcréditos, brindar capacitación y asistencia técnica a los emprendimientos de la Economía Social y realizar el seguimiento necesario para cobrar la devolución del préstamo.

En Argentina, los principales organismos que gestionan y otorgan fondos destinados a microcréditos son la Comisión Nacional de Microcréditos (CONAMI), que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y el FONDO NACIONAL DE CAPITAL SOCIAL (FONCAP), organización con participación pública y privada que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación. De acuerdo con el último informe realizado en 2019 por ambos organismos en conjunto con la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (RADIM) , existen en el país 52 instituciones de microfinanzas, que cuentan con una cartera bruta de $2.660.949.548.  

Tanto la CONAMI como el FONCAP otorgan microcréditos a través de sus instituciones intermediarias que ofrecen bajas tasas de interés (hasta 3% anual en el caso de la CONAMI) y la posibilidad de acceder a garantías solidarias o de ayuda mutua para la compra de insumos, materiales y/o herramientas. Para ello, él o los prestatarios deberán demostrar que están desarrollando una actividad económica, brindar una breve descripción de la actividad realizada y explicar el destino que se le daría al microcrédito.